Ciudadanos rusos como salida al mercado inmobiliario español
Chinos y rusos compiten por los primeros puestos en las compras de inmuebles en la Costablanca
Mientras los chinos prefieren comprar su casa en la ciudad, los rusos apuestan por los residenciales cerca del mar.
El anuncio del gobierno de su intención de cambiar la Ley de extranjería para conseguir deshacerse de gran parte del stock de vivienda en España, no es un globo sonda con connotaciones sólo políticas. Otros países (Irlanda y Portugal) ya lo están llevando a cabo con resultados más que aceptables, al conseguir reactivar en buena medida la demanda exterior.
Según la prensa los rusos compraron en 2011 un total de 1.645 viviendas en España, el 7,86 % de las adquiridas por extranjeros, ocupando el cuarto puesto por nacionalidades, sólo por detrás de Inglaterra, Francia y Alemania. Y en su mayoría eran nuevas y con superficies superiores a los 100 metros y en zonas residenciales y con precio medio entre los 150.000/200.000 euros.
Los chinos en cambio compraron, en su mayoria en las ciudades, inmuebles de segunda mano y con superficies entre 60 y 80 metros cuadrados.
En la provincia de Alicante, el 40 por ciento de los extranjeros que compran actualmente inmuebles son rusos. Han comprado el 40% de las 5.000 viviendas adquiridas por extranjeros durante el primer semestre del año. Las compras de los rusos se aproximan mucho a la de los ciudadanos ingleses (los primeros en el ranking de compradores) y llevan camino de adelantarles.
La medida del Gobierno, si la toma, viene siendo defendida por Provia, la Asociación de promotores Inmobiliarios de Alicante, pero con la recomendación de que el “planteamiento inicial debe ser facilitar la residencia a los extranjeros que generen empleo en España o bien que garanticen una inversión mínima de 500.000 euros, de la que al menos 250.000 se destinase a la compra de una vivienda. El resto podría destinarse a deuda pública o a depósitos bancarios”.
Esto evitaría el posible “efecto llamada” que, posiblemente, causaría el tope más bajo que propone el gobierno, de 160.000 euros (1).
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